Los jueces en Colombia tienen la tarea de tomar decisiones que afectan a la ciudadanía; ahora
para que sus decisiones sean realmente eficaces, se requiere que sean ciertas, vinculantes y
obligatorias. Teniendo en cuenta esta premisa, en el presente artículo se establecen los efectos de
la inconstitucionalidad sobreviniente a causa de las decisiones de la Corte Constitucional en la
contratación pública; para ello, se parte de la descripción de las diferentes contribuciones
realizadas por dicha Corte a la teoría del contrato estatal en Colombia; a su vez, se reconoce el
impacto de las decisiones tomadas por la Corte frente a la ejecución de algunos contratos
estatales; y por último, se proponen fórmulas de arreglo que permitan la ejecución de los
contratos estatales ante la ocurrencia de una inconstitucionalidad sobreviniente que lo pudiera
llegar a afectar. Se concluye que las decisiones de los jueces, sin duda, tienen unos efectos, los
cuales no sólo se dan en el plano económico, sino también sobre principios y garantías
fundamentales de la ciudadanía; es por ello que los operadores judiciales deben actuar con pleno apego a la ley para garantizar tales principios y garantías, pero, a su vez, proteger los intereses del
Estado.
Judges in Colombia have the task of making decisions that affect citizens; now for their
decisions to be truly effective, they are required to be true, binding and binding. Taking this
premise into account, this article establishes the effects of supervening unconstitutionality due to
the decisions of the Constitutional Court in public procurement; For this, it starts from the
description of the different contributions made by said Court to the theory of the state contract in
Colombia; in turn, the impact of the decisions made by the Court regarding the execution of some
state contracts is recognized; and finally, settlement formulas are proposed that allow the
execution of state contracts in the event of a supervening unconstitutionality that could affect it. It
is concluded that the decisions of the judges, without a doubt, have some effects, which not only
occur in the economic sphere, but also on fundamental principles and guarantees of citizenship;
That is why judicial operators must act in full compliance with the law to guarantee such
principles and guarantees, but, in turn, protect the interests of the State.